A causa de la gravísima pandemia por el Covid-19 que estamos atravesando y el elevadísimo número de fallecidos de personas mayores en residencias de tercera edad, se ha abierto el camino a una posible “eutanasia por la vía de los hechos”, al privarse a los ancianos de ser ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), denegándoles de esa manera ser curados y sobrevivir (como está ocurriendo con los que sí son asistidos en las UCIs) y sin opción alguna al derecho a la salud constitucionalmente reconocido en el artículo 43 permitiéndose su abandono -eso sí, muy sedados-, su “desahucio” y, finalmente, su muerte.
En virtud de esta obligación del estado a proteger la salud, la vida, la integridad y la dignidad de las personas, también de las mayores de 70 años, se hacen las siguientes reflexiones a modo de preguntas:
¿Por qué se debe salvar antes la vida de un joven de 20 años que la de una persona mayor de 70 años?, ¿es esto moral y/o deontológicamente lícito?, ¿acaso alguna vida vale más que otra?, ¿quién decide facilitar o denegar un respirador a uno u otro enfermo, ambos con igual necesidad de auxilio para respirar?
Las preguntas y respuestas nos las hacemos y damos todos los días, mientras somos testigos de la negación de auxilio y falta de asistencia sanitaria correcta de las personas mayores de 70 años (en este sentido es espeluznante, por ejemplo, lo ocurrido en Cantabria donde han fallecido 137 mayores de 80 años sin que a ninguno se le haya ingresado en una UCI, representando ¾ partes de los fallecidos por Covid-19 en esa comunidad autónoma, sin que se haya procedido a intentar salvar ninguna de ellas).
Recientemente hemos tenido acceso a las “Recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes a unidades de cuidados especiales en situaciones de pandemia” de 27 de marzo de 2020 del Observatorio de Bioética y Derecho publicadas por la Universidad de Barcelona donde se aconsejan y sugieren unas orientaciones relativas a la selección de pacientes a tratar según qué casos, en las que manejan diferentes variables y criterios a efectos de decidir quién merece una asistencia o priorización de medios a su favor y quién no, y en las que consta una tabla donde se justifica el uso de la edad como criterio para racionar el ingreso en UCI hospitalaria durante la pandemia del coronavirus, declarando de forma abierta la práctica del denominado “triaje”.
Efectivamente, el triaje es el último peldaño terapéutico y se originó en las situaciones de guerra en su sentido literal, es decir, situaciones de combate en primera línea y sin posibilidad de evacuación a centros hospitalarios. Es por ello necesario, antes de utilizar esta vía de “selección por la edad”, de conformidad al Sistema Nacional de Salud, acudir a otras vías como puede ser la ayuda de las Fuerzas Armadas, cuya eficacia está fuera de duda, el auxilio de otras autonomías que se encuentren sin agobios ni saturaciones por la pandemia, el traslado de los pacientes que lo necesiten a centros hospitalarios de otros territorios (el transporte sanitario está muy avanzado y son perfectamente controlables las medidas de seguridad, de aislamiento y antiepidémicas de los enfermos), etc.
Por otro lado, se contempla como un eufemismo la llamada “limitación de esfuerzo terapéutico” sin que ello cuente con el consentimiento ni anuencia del paciente ni de la familia de este, procediéndose a descartar su correcta e integral atención con la pretendida intención de priorizar unos pacientes sobre otros.
En definitiva, el derecho a la salud y el derecho a la vida son derechos fundamentales que también se están conculcando en España en la gestión de esta pandemia.
Hugo Jordán de Urríes del Hierro y Paula Moreno Font