Las reglas que han de regir un proceso selectivo –tanto para el acceso a la función pública como para la promoción (como lo es, por ejemplo, el que regula el ascenso a empleo superior de un militar)-, al igual que ocurre con las bases de una convocatoria de pública concurrencia, constituyen la norma rectora del respectivo procedimiento de promoción o ascenso, con fuerza de obligar al tribunal calificador o junta de evaluación y a los “aspirantes”.

Es por ello que esas reglas, cualquiera que sea su rango (ley, reglamento, bases de la convocatoria, Instrucción, etc), han de ser públicas y previas al momento en que se han de cumplimentar los requisitos y méritos (básicamente recogidos en el expediente personal) a fin de ser evaluados por el tribunal calificador. El aspirante ha de conocer, con igualdad de oportunidades que los demás, cuáles son los méritos objetivos que han de ser evaluados para acreditar la capacidad e idoneidad.

Por la misma razón, los deméritos (minoraciones o penalizaciones de los méritos) han de ser conocidos previamente y los mismos ha de tener amparo legal, sin contradecir la letra o el espíritu de la norma que regule la vida funcionarial de cualquier empleado público y, en concreto, sin penalizar el ejercicio de derechos estatutarios a. Valorar como demérito, sin previsión legal, sin criterio objetivo de su cuantificación penalizadora, hasta el extremo de mermar la carrera profesional, constituye un acto contrario a las más elementales normas que garantizan la transparencia y el buen funcionamiento, sin prebendas, de los procesos selectivos regidos por criterios cuantificadores objetivos.

Los principios informadores que han de respetarse son los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y son garantía de freno a prácticas arbitrarias, cuando no corruptas.

Texto: Santiago Milans del Bosch