Desde que se fundó MILANS DEL BOSCH ABOGADOS, este despacho está comprometido con la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo y, en este sentido, ejerce acciones judiciales contra la impunidad para el esclarecimiento de cientos de asesinatos y crímenes perpetrados por la organización terrorista ETA.

Dichas actuaciones las lleva a cabo este despacho por encargo directo de los familiares gracias a la ingente labor de la FUNDACIÓN VILLACISNEROS a través de su Proyecto Dignidad. Dicha Fundación acaba de coeditar con el CEU el libro “ETA: 50 años de terrorismo nacionalista”, en el que nuestro socio director, Santiago Milans del Bosch, participa con el trabajo “Los casos sin resolver”.

Informe del Ministerio Fiscal de fecha 14 de septiembre de 2020 solicitando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la inadmisión a tramite de 19 querellas contra miembros del Gobierno, aforados.

Puede descargar el informe a través de este enlace

Acaba de editarse en Anuario de Derecho Administrativo 2020, obra de referencia entre los administrativistas españoles, dirigida por el catedrático Miguel Angel Recuerda Girela, en la que ha participado nuestro socio director, Santiago Milans del Bosch, junto a destacados juristas, con el capítulo “La no aplicación a los funcionarios eventuales ‘de confianza’ de la doctrina del caso De Diego Porras”.

Este año, el Anuario está dedicado a la memoria de Landelino Lavilla Alsina, quien fuera ministro de Justicia, presidente del Congreso de los Diputados y Consejero Permanente de Estado y un administrativista de pro, artífice jurídico de la transición.

Santiago Milans del Bosch, socio director del despacho, imparte el curso online ‘Las medidas de prevención en blanqueo de capitales a nivel mundial’ en la Escuela de Técnica Jurídica Law & Business School.

Estos son los principales contenidos que alberga:

  • El blanqueo de capitales y su repercusión a nivel mundial:
    – Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
    – Normativa Unión Europea.
    -La 5ª Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
    Normativa interna.
    – El Blanqueo de Capitales en España: armonización entre la normativa preventiva y represiva.

 

  • Medidas de Prevención en el Blanqueo de Capitales:
    – Medidas de diligencia debida.
    – Medidas de diligencia normales.
    – Medidas simplificadas de diligencia debida.
    – Medidas reforzadas de diligencia debida.
    – Obligaciones de información.

A través de este enlace se puede acceder al curso

«La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal», Eugenio Cuello Calón.

La consecuencia o efecto jurídico que llevan unidas las conductas que en el Código Penal están tipificadas como un delito es la pena o una medida de seguridad. Además, existe el deber de compensar y resarcir el daño que produce esa conducta criminal a través del ejercicio de la acción civil como clave fundamental de las consecuencias jurídicas que derivan de cada delito (operando también la responsabilidad civil en casos en los que pueda no imponerse una pena por razón de alguna causa que excluya la culpabilidad).

 
El objeto de la pena es la satisfacción de un interés público; y la responsabilidad civil tiene el fin de satisfacer un interés particular, sin que la cuantía de la reparación del daño guarde correlación con la pena que se imponga, sino solamente con el alcance del propio daño.
Sin embargo, cuando de un hecho tipificado penalmente se pueda derivar una acción civil, el Ministerio Fiscal tiene legitimación para ejercitarla por lo cual no es posible considerar la responsabilidad civil que dimana de un delito como de interés única y exclusivamente privado, puesto que en la reparación del daño que se ha causado también se pretende la satisfacción de un interés social.

 
Es por ello por lo que las penas impuestas a los reos de terrorismo -como en cualesquiera otros delitos- quedaran plenamente satisfechas cuando se hayan cumplido en su totalidad y en todos sus términos, incluyendo las responsabilidades patrimoniales que en las mismas se contengan, siendo esta la única manera de satisfacer su deuda con el orden jurídico y social, lo que vergonzosamente no está teniendo lugar con los terroristas presos y excarcelados que directa e indirectamente perciben ingresos y tienen patrimonio sin destinarlo al cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito.

Texto: Hugo Jordán de Urríes del Hierro

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